La privatización del transporte no es una solución

Respecto a las últimas noticias sobre la privatización de los transportes públicos va a resultar bastante fácil argumentar que ni van a ser rentables ni van a solucionar los supuestos problemas por los que se produce esta acción.

Para ello, basta consultar la obra “Algo va mal” de Tony Judt. En ella, el autor británico expone cómo las experiencias anteriores de privatización sobre este sector sólo pueden considerarse como nefastas. Son dos los casos que entre muchos pueden resaltarse:

• Nueva Zelanda. El gobierno privatizó los servicios de ferrocarril y transbordadores en 1990, despojando los compradores a estos sectores de todos los activos vendibles. En 2008, el gobierno no tuvo más remedio que volver a poner bajo control estatal un transporte mediocre y que seguía produciendo pérdidas.
• Inglaterra. En 1994, el último año de funcionamiento de la empresa estatal de ferrocarriles  costó a los contribuyentes 950 millones de libras. En 2008, la Red de Ferrocariles, su sucesora semiprivada, costó a los contribuyentes  5 billones de libras. Aparte de este dato, el número de averías, retrasos en el servicio y las opiniones negativas de los usuarios habían crecido exponencialmente.

Otro ejemplo es el caso del metro de Londres, en el que se creó un consorcio Público-Privado para invitar a los inversores interesados a participar. Se aseguró a las compañías compradoras que pasara lo que pasara estarían protegidas contra pérdidas graves (lo que debilita el argumento a favor de la privatización: el afán de lucro): En este sentido, se puede señalar que  el sector privado pierde su razón de ser frente a la ciudadanía y el propio sistema: se embolsa los beneficios y carga al estado con las pérdidas.

El problema a la hora de privatizar servicios esenciales para la población como el de transportes es que, tal y como señala Judt,  “nunca podría permitirse que estos servicios nacionales quiebren”, por lo que los nuevos propietarios privados pueden “hacer un uso indebido de los fondos, sabedores de que el gobierno acudirá a su rescate”.

Respecto a la subcontratación, Judt dice que ésta “nos lleva al tercer argumento, quizá el más revelador contra la privatización. Muchos de los servicios y los bienes de los que los Estados tratan de desprenderse han sido mal gestionados: por incompetencia, inversiones insuficientes, etcétera. No obstante, por mala que sea la gestión, los servicios postales, las redes ferroviarias, las residencias para jubilados, las cárceles y otras provisiones objeto de privatización no pueden dejarse por completo a los caprichos del mercado. En la gran mayoría de los casos son el tipo de actividad que alguien debe regular: por eso acabaron en mano públicas en su momento” [1]

Es bien sabido que la disminución de servicios públicos tiene consecuencias negativas sobre una sociedad: no conduce a un mayor crecimiento económico a largo plazo, pero además  aumenta significativamente  la brecha entre ricos y pobres [2].

En consecuencia, la privatización de los sistemas de transporte en España no traerá más riqueza para el país. Al contrario, agravará la brecha entre ricos y pobres, aparte de encarecer dichos servicios. Pero como consecuencia lógica de este hecho, los beneficios repercutirán en los accionistas de dichas compañías, mientras que las pérdidas serán cargadas al Estado por ser servicios de los que no se puede prescindir.

Sin embargo, quizá el mayor daño se presenta bajo algo que no se puede medir y que es la pérdida de la identidad de servicio público como tal, ya que cuando éste es ofrecido por una entidad privada, la noción de que todo el mundo tiene derecho a utilizarlo se erosiona y repercute negativamente en las estrategias de solidaridad y apoyo mutuo de una sociedad.

 

[1] Judt, Toni: Algo va mal. Ed. Taurus.

[2] Masimo, Florio: The great divestiture: Evaluating the Welfare Impact of the British Privatizations 1979-1997. Cambridge, The MIT Press, 2006

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